Amnistía Internacional ha advertido de que Pakistán sigue sufriendo «las políticas abusivas instauradas hace justamente un año» por el ex presidente Pervez Musharraf, cuando declaró «ilegalmente el estado de excepción en el país». El 3 de noviembre de 2007, Musharraf destituyó a 60 jueces de la magistratura, suspendió la Constitución, incluidas las disposiciones de protección de los Derechos Humanos, y la sustituyó por la Orden Constitucional Provisional.

El nuevo gobierno civil, que tomó posesión tras las elecciones generales del pasado mes de febrero, no ha tomado las medidas adecuadas para mejorar la situación de los Derechos Humanos del país, según el director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, Sam Zarifi.

«El nuevo gobierno civil que sustituyó a Musharraf ha tomado algunas medidas para mejorar el mal expediente de Derechos Humanos de Pakistán, pero podría y debería hacer más, y empezar inmediatamente, declarando ilegal la destitución de los jueces en 2007», afirmó Zarifi.

«Los dirigentes de Pakistán deben demostrar activamente que respetan el Estado de derecho y que el Gobierno es responsable de garantizar los Derechos Humanos de todos los paquistaníes», prosiguió.

«Sin restablecer su legitimidad y credibilidad a través de un sistema judicial fuerte e independiente, el Gobierno paquistaní será incapaz de resolver los muchos problemas que tiene el país», advirtió.

Inmediatamente antes de la declaración del estado de excepción, el Tribunal Supremo de Pakistán iba a fallar sobre el derecho de Musharraf a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de octubre de 2007. La judicatura, además, se ocupaba de varios cientos de peticiones de hábeas corpus presentadas por los familiares de personas sometidas a desaparición forzada por las agencias de seguridad de Pakistán.

La judicatura de Pakistán aún no ha retornado a la situación que tenía el 2 de noviembre de 2007, según AI. De hecho, recordó la organización, el desacuerdo sobre la reincorporación de los jueces destituidos ilegalmente contribuyó al fracaso del Gobierno de coalición que sustituyó al de Musharraf.

El nuevo Gobierno, admitió AI, ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura. Asimismo, el gabinete ha presentado una propuesta para conmutar las penas de muerte y ha redactado un proyecto de ley para crear una comisión nacional de Derechos Humanos y retirar las enmiendas a la Ley sobre Colegios de Abogados que interfieren con la independencia del poder judicial.